El titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado bonaerense, Carlos Curestis, presentó un pedido de informes al Ejecutivo por la acumulación de patrulleros inutilizados desde 2020, al tiempo que advirtió sobre los altos costos, la falta de transparencia y el impacto en la seguridad ciudadana.
“El objetivo de este pedido no es sólo conocer qué está pasando con los patrulleros abandonados, sino ejercer el control parlamentario que nos corresponde y garantizar una gestión transparente y orientada al servicio de la ciudadanía”, explicó Curestis, al tiempo que cuestionó la inacción del Gobierno bonaerense ante un problema que se arrastra desde hace al menos cuatro años.
El legislador libertario que apunta directamente a la gestión del parque automotor de la Policía de la provincia de Buenos Aires, reclama explicaciones urgentes sobre el destino de miles de vehículos policiales fuera de servicio que, según estimaciones, superan los 4.000 y se encuentran depositados en distintos predios oficiales, como el del galpón de Tolosa.
En los fundamentos del proyecto, Curestis advirte que la acumulación de móviles fuera de servicio representa un problema estructural que afecta directamente la capacidad operativa de la Policía Bonaerense y la seguridad de los vecinos. “Cada patrullero inactivo es un recurso menos para la prevención del delito, la protección de los ciudadanos y la respuesta ante emergencias”, subrayó.
Además, el pedido de Curestis exige respuestas puntuales sobre el estado y la administración de los móviles policiales inactivos durante el período 2020-2024. En ese sentido, el proyecto pide conocer la frecuencia y resultados de las auditorías internas o externas realizadas sobre los depósitos y los criterios utilizados para priorizar la reparación o baja definitiva de cada unidad.
En rigor, el senador bonaerense solicita que el Ejecutivo de Axel Kicillof reporte la cantidad total de vehículos en desuso discriminados por año, modelo, marca, ubicación y causa de inactividad (falla mecánica, accidente, desgaste, etc.) y el estado administrativo de cada unidad, es decir si se encuentran en trámite de baja, reparación o remate.
Para Curestis, el estado actual del parque automotor evidencia “fallas administrativas, falta de mantenimiento, desabastecimiento de repuestos y demoras en los procesos de baja o reparación” que deben ser atendidas de forma urgente y apuntó a la ausencia de auditorías públicas y controles efectivos sobre la gestión.
“El Estado debe dar respuestas. No se trata de un trámite administrativo, se trata de proteger a los bonaerenses con todos los recursos disponibles. Lo contrario es inaceptable”, destacó el senador bonaerense de la Tercera sección electoral que consideró que el Ejecutivo de Kicillof debe dar indicaciones sobre el tiempo promedio que pasan fuera de servicio los vehículos antes de ser trasladados a depósitos.
En esta línea, Curestis le reclama a las carteras correspondientes que den detalles sobre los costos mensuales y anuales por almacenamiento, seguros y mantenimiento, así como de los contratos vigentes con talleres o proveedores de repuestos y cantidad de unidades reparadas.
En ese orden, el senador bonaerense también requiere conocer las medidas implementadas para evitar vandalismo, robos o deterioros en los predios, que llevan adelante las carteras correspondientes y si hay o no de planes para reutilizar, reparar o subastar los vehículos fuera de circulación.
“En un contexto en el que la inseguridad constituye una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, resulta inaceptable que un volumen tan significativo de móviles policiales se encuentre fuera de circulación por razones atribuibles a fallas administrativas, falta de mantenimiento o ineficiencia en los procesos de reparación y baja”, postuló Curestis.
