La Defensoría del Pueblo de Buenos Aires solicita investigar el caso como un delito contra la fauna silvestre.
El incidente protagonizado por Sebastián Favre, un vecino de Nordelta que disparó a un carpincho, podría escalar a un delito más grave. La Defensoría del Pueblo ha pedido que se aplique el artículo 25 de la Ley Nacional 22.421, que establece penas de hasta tres años de prisión por caza de fauna silvestre protegida.
El organismo argumenta que no es necesario comprobar que los disparos impactaron en los carpinchos para calificar el acto como un delito. Se basan en el Código Rural de Buenos Aires, que define como caza cualquier acción destinada a acorralar o matar animales silvestres.
Además, el carpincho está protegido por la legislación provincial, lo que refuerza la posición de la Defensoría. La investigación también deberá considerar el lugar donde se realizaron los disparos, dado que existen restricciones para la caza en áreas urbanas y concurridas.
