La crisis por el fentanilo contaminado sigue en escalada: ya se registraron 33 muertes, la mayoría de ellas en el Hospital Italiano de La Plata, y la Justicia ordenó nuevos allanamientos en droguerías de distintos puntos del país para rastrear la ruta del opioide adulterado.
El juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la investigación, busca determinar cómo y hasta dónde se distribuyó el lote contaminado, que según las pericias preliminares salió de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, actualmente clausurados.
En las últimas horas, se secuestró documentación clave y se inspeccionaron plantas en Santa Fe y San Isidro. Aunque por ahora las droguerías allanadas no estarían involucradas directamente en la contaminación, sí habrían actuado como intermediarias en la distribución.
Paralelamente, la ANMAT prohibió la comercialización y uso de todos los productos del laboratorio HLB Pharma Group S.A., tras confirmarse la presencia de bacterias peligrosas como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii en el lote 31202 de fentanilo inyectable. La agencia sanitaria ordenó a todos los hospitales del país inmovilizar en cuarentena cualquier ampolla proveniente de ese laboratorio o del vinculado Laboratorios Ramallo.
El caso tomó estado público a principios de mayo, cuando se detectaron varias muertes por neumonía bacteriana en pacientes que estaban internados en terapia intensiva y recibieron fentanilo como parte de sus tratamientos.
Los antecedentes del laboratorio en cuestión son alarmantes. En el último año, HLB Pharma acumuló al menos cuatro sanciones por parte de la ANMAT por irregularidades graves, entre ellas falsificación de propofol y contaminación cruzada de morfina. Sus dueños, Ariel García Furfaro y Jorge Salinas, ya habían estado vinculados a otras causas judiciales en el rubro farmacéutico.
Si se confirma que hubo negligencia grave o conocimiento del riesgo por parte de los responsables de la producción, podrían enfrentar cargos penales como homicidio culposo agravado o suministro de sustancias peligrosas para la salud, con penas de prisión efectiva.
La investigación avanza con análisis toxicológicos clave en curso y la intervención del Instituto Malbrán y el INAME. Mientras tanto, la ANMAT reiteró su compromiso con una política sanitaria que priorice la seguridad de los pacientes y anunció que no permitirá “más fallas que pongan en riesgo la vida de los argentinos”.
