La Municipalidad de Rosario será querellante en la causa que investiga el fentanilo contaminado. El pedido firmado por el intendente Pablo Javkin y por el secretario de Gobierno del municipio, Sebastián Chale, fue aceptado este miércoles por el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata.
El caso está radicado en el juzgado Federal de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak. Más allá del gobierno local, en la causa ya participan el Estado nacional, el Hospital Italiano y familias de víctimas. En el caso de Rosario, Carolina Oitana actuará como representante legal del municipio en la causa.
El secretario de Gobierno del municipio, Sebastián Chale, detalló la semana pasada que desde un primer momento el municipio aportó información a la investigación, tanto al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica como a las autoridades judiciales.
“La droga fue adquirida mediante licitación pública, a un laboratorio que debía tener todos los controles de Anmat, y que a su vez fue comercializada por una droguería, por lo que no teníamos contacto directo con el laboratorio. En nuestro caso, la fue utilizada exclusivamente en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca)”, explicó el funcionario. Y agregó: «Una vez que Anmat dio la primera alerta, inmediatamente se retiraron todos los lotes que había en circulación y cuando ordenó su retiro del mercado en abril, se devolvieron cerca de 300 dosis que aún quedaban en stock».
Chale aclaró que la Municipalidad no compra directamente al laboratorio, sino que lo hace a través de droguerías que participan en licitaciones públicas con todos los controles administrativos que realiza el tribunal de cuentas. Y que es Anmat quien debe garantizar la confiabilidad de los productos que se comercializan en el país. El funcionario no descartó que el municipio avance también con un reclamo por daños y perjuicios, dado el perjuicio económico que significó tener que reemplazar de forma urgente los lotes retirados. “Este caso no solo afectó la salud pública; también trastocó la operatoria del sistema, tuvimos que salir a comprar de urgencia en otros lugares y desechar ampollas que ya habían sido adquiridas. Pero lo central es que se investigue a fondo y se determine la responsabilidad de quienes produjeron y distribuyeron un medicamento en condiciones irregulares”, concluyó.
El texto presentado ante la Justicia argumenta: «Ha habido un perjuicio directo, concreto y particular. Los medicamentos adulterados fueron suministrados en un hospital municipal. Nos obligó a sacar las ampolladas de circulación y custodiarlas poniéndolas a disposición del Tribunal, tomar medidas dentro del nosocomio ante las resoluciones del ANMAT, lo cierto es que también afectó el patrimonio del municipio (inversión en la adquisición), generó un riesgo sanatorial local, medidas de gestión extraordinarias para su tratamiento, entre otras cuestiones«.
Y agrega: «Es un tema que demanda alta seriedad en su abordaje, dado a que la adulteración de medicamentos conllevó en el caso grave daño a la salud pública, con lo cual, nuestra intervención implicaría un quid pro quo concreto, entonces, no es un interés abstracto, sino la clara voluntad de contribuir activamente al esclarecimiento de los hechos como lo hemos venido haciendo y a la prevención de nuevas situaciones similares, sumando valor a la investigación penal desde información, soportes técnicos, equipos locales a disposición, pericias, testigos, colaboración institucional».
En el escrito judicial dirigido al juez Kreplak, se hace mención al laboratorio Apolo y sus titulares, vinculados a HLB Pharma. «No puede soslayarse la reiteración de actores, bajo nuevas razones sociales, operando en el mismo sector, en un marco de aparente desapego a los marcos regulatorios agravado por una falla sistémica de control estatal, tanto a nivel penal como administrativo», plantea.
«La información relevada por esta parte permite confirmar que varios de los involucrados en aquella causa integran o han integrado los órganos societarios de las empresas responsables del producto contaminado que dio origen a esta investigación. De hecho, se verificaria una continuidad estructural, comercial y operativa entre Laboratorio Apolo y los laboratorios implicados en esta causa. Las personas jurídicas involucradas han mantenido activos registros de producción farmacéutica, sin interrupción significativa, y se encontraban habilitadas por autoridades competentes al momento de producir el fentanilo distribuido a efectores públicos, entre ellos el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de esta ciudad», se justifica.
Hacia el final, el texto concluye: «El Ejecutivo tiene la firme convicción de que de haberse adoptado en su momento una respuesta judicial «ejemplificadora» respecto de los investigados como responsables de los hechos potencialmente delictuales, podría haber sido disuasoria de la reiteración de este tipo de inconductas incalificables que dieron lugar a una tragedia en la cual se lesionó retiradamente el valor supremo, la vida, además de la salud y la seguridad. Y es por todo ello, que con esta presentación se pretende coadyuvar a fin de evitar que se perpetúe un ciclo de impunidad que afecta derechos fundamentales, como la salud, la vida y la seguridad».
Hasta ahora, la causa por la muerte de decenas de pacientes internados en terapias intensivas en distintas provincias tenía como querellantes al Hospital Italiano de La Plata (donde se detectó el primer caso), cinco familias de víctimas y el Ministerio de Salud de la Nación. La provincia de Santa Fe, que inicialmente había descartado un vínculo entre las muertes y el fentanilo contaminado, también anunció su adhesión como querellante el 8 de julio.
Ante las alertas nacionales, el Ministerio de Salud de la provincia dispuso con carácter urgente y preventivo que el fentanilo de HLB Pharma se dejara de utilizar de inmediato. Pocos días después, la cartera prohibió el uso de todos los demás productos registrados de la empresa y habilitó la compra de reemplazos terapéuticos para garantizar la continuidad de la atención en la red pública.
Además de las medidas preventivas, el gobierno provincial envió ampollas para realizar análisis en el Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), dependiente de Anmat. Por otra parte, los investigadores aportaron muestras de pacientes que fueron examinadas en el Instituto Malbrán con el fin de determinar si efectivamente el fármaco fue la causa de infecciones con las bacterias Ralstonia pickettii, Klebsiella pneumoniae (Kpn) MBL y/o Klebsiella variicola (Kva).
El alerta de Anmat dio paso a un abordaje integral del problema en la red sanitaria mediante el Programa de Farmacovigilancia de Santa Fe. Esto permitió articular medidas sanitarias y fortalecer los mecanismos de control y monitoreo sobre los medicamentos en circulación.
