La investigación judicial por las ampollas de fentanilo contaminado incorporó un elemento clave que compromete al grupo empresario HLB Pharma. El juez federal Ernesto Kreplak confirmó que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) había emitido más de 100 expedientes con observaciones dirigidas al laboratorio Ramallo, la planta donde se elaboraron los lotes que intoxicaron a casi una veintena de pacientes en abril pasado.
Los documentos elaborados por el organismo regulador detallan fallas generales en los procesos productivos del laboratorio, sin limitarse exclusivamente al fentanilo. Según la información reunida por la Justicia, las observaciones se acumularon durante un período prolongado e incluían advertencias por múltiples irregularidades en la fabricación de distintos medicamentos.
Aunque la causa todavía no cuenta con imputaciones formales, el avance del expediente sugiere que el juez se aproxima a esa etapa. En una de sus resoluciones, el juez Kreplak advirtió que “el tenor de los hechos investigados y el entramado societario existente conducen al dictado de medidas urgentes y profundas”.
En tanto, el hallazgo de esta documentación se produjo luego de que el magistrado solicitara a la ANMAT todos los informes vinculados a la firma. En un primer momento, el organismo entregó dos remesas parciales. Sin embargo, el juzgado detectó la ausencia de información clave y emitió una orden de presentación con allanamiento en subsidio.
A partir de esa medida, la Justicia logró acceder a un archivo de Excel con decenas de observaciones que no habían sido remitidas inicialmente. Ese archivo podría ser determinante para establecer responsabilidades penales dentro del grupo empresario, especialmente en torno a Ariel Fernando García, dueño del laboratorio Ramallo y principal accionista del grupo HLB Pharma, la firma que distribuyó el fentanilo contaminado a través de la droguería ALFARMA SRL a casi todas las provincias del país.
Vale recordar que la denuncia original de la ANMAT surgió luego de que el Hospital Italiano de La Plata reportara que 18 pacientes presentaron síntomas compatibles con una infección tras recibir ese medicamento. Las pericias posteriores confirmaron que las bacterias detectadas en las ampollas coincidían fenotípicamente con las halladas en los cuerpos de los pacientes y en las demás víctimas fatales que ascienden a más de 50.
Finalmente, para establecer si las fallas se remontan a años anteriores, el Instituto Malbrán realizará una pericia clave sobre el “Batch Record”, el documento técnico que registra todo el recorrido de los lotes. En caso de comprobarse que los desvíos de calidad eran estructurales y conocidos por los directivos del laboratorio, el juez podría avanzar con imputaciones penales en el corto plazo.
En paralelo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una nueva denuncia penal contra la empresa ALFARMA SRL y contra HLB Pharma Group S.A., por el presunto delito de evasión fiscal que, solo en el período fiscal 2021-2022, superaría los 112 millones de pesos.
La gravedad del caso del fentanilo contaminado dio impulso a una serie de acciones judiciales en paralelo que complican aún más la situación del grupo farmacéutico liderado por Ariel García Furfaro. A principios de julio, el juez federal Ernesto Kreplak avanzó con allanamientos en 22 domicilios vinculados a HLB Pharma Group S.A. y a su elaborador exclusivo, Laboratorios Ramallo, en el marco de la investigación que busca esclarecer la cadena de responsabilidades en la distribución de insumos contaminados.
De los 267 expedientes analizados, 117 corresponden a fallas de calidad en la fabricación de medicamentos, generando más de 130 alertas sanitarias. En tanto, los peritajes técnicos sobre los lotes cuestionados confirmaron la presencia de bacterias peligrosas en productos clínicos inyectables, que habrían causado el fallecimiento de al menos 53 pacientes.
En dos oportunidades anteriores, la Justicia había allanado laboratorios y droguerías vinculadas al grupo investigado y la repetición de las intervenciones, sumada a los indicios de evasión fiscal sistemática, alimentan la hipótesis de un entramado irregular de comercialización y elusión impositiva que va más allá de simples errores administrativos.
Paralelamente a las advertencias sanitarias, la Justicia avanzó con una investigación sobre el funcionamiento del grupo empresario que opera el laboratorio Ramallo. En ese marco, el juez Kreplak ordenó la inhibición de bienes de Ariel Fernando García, así como de sus hermanos, Damián Roberto y Diego; de su madre, Nilda Furfaro; y de su abuela, Olga Luisa Arena, quien figura como expresidenta del grupo HLB Pharma.
Según la hipótesis que maneja el magistrado, la familia habría diseñado una estructura de empresas cruzadas con el objetivo de disimular posibles maniobras irregulares dentro del entramado societario. A partir de esa sospecha, Kreplak dispuso medidas patrimoniales preventivas para impedir eventuales maniobras de fuga o acciones que obstaculicen el desarrollo de la causa.
