El presidente Javier Milei publicó en el boletín oficial el Decreto 424/2025, que veta en su totalidad el proyecto de ley 27.790, que declaraba la emergencia y catástrofe en los municipios bonaerenses de Bahía Blanca y Coronel Rosales tras las inundaciones de marzo de 2025, que generaron enormes destrozos en ambas ciudades.
Es preciso recordar que, la norma había sido sancionada por el Congreso el pasado 4 de junio, y con la emergencia establecía la creación de un fondo especial de $200.000 millones para asistir a los damnificados. Sin embargo, la decisión de suspender su ejecución fue oficializada esta mañana con la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Además, la iniciativa vetada contemplaba una batería de medidas económicas, sociales y financieras para asistir a las víctimas del temporal del pasado 7 de marzo, que dejó graves daños en infraestructura, viviendas y actividades productivas en la localidad bonaerense de Bahía Blanca.
Entre otras disposiciones, el texto establecía el otorgamiento de créditos a tasa preferencial, suspensión de ejecuciones judiciales y fiscales, y exenciones impositivas, al tiempo que fijaba la ejecución del fondo bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, con la articulación de acciones con el Gobierno bonaerense y priorizando recursos humanos y materiales locales en las obras de reconstrucción.
En los considerandos del decreto, el Ejecutivo justificó la decisión al señalar que “las medidas que pretendían ser adoptadas ya fueron implementadas por el Decreto 238/2025”, firmado en marzo tras la emergencia. Según esa norma, se creó un fondo especial por el mismo monto, $200.000 millones, para otorgar subsidios directos a los residentes de Bahía Blanca afectados por el temporal, administrado por el Ministerio de Seguridad bajo el programa “Suplemento Único para la Reconstrucción” (S.U.R.).
De acuerdo con los datos oficiales incluidos en el decreto de Milei que veta la ley de emergencia en Bahía Blanca, hasta el momento se inscribieron 37.546 vecinos de la localidad para recibir el S.U.R., de las cuales 32.076 ya accedieron al pago del subsidio, mientras que 3.962 se encuentran bajo análisis.
En tanto, el Gobierno argumentó que el 85,43% de los inscriptos recibió el beneficio, y que el programa aún está en etapa de ejecución. Además, remarcó que el proyecto legislativo omitía indicar la fuente de financiamiento del nuevo fondo, lo que “contraviene la Ley de Administración Financiera, que exige especificar el origen de los recursos para nuevas erogaciones”.
Asimismo, el Ejecutivo cuestionó la inclusión del municipio de Coronel Rosales en el proyecto de emergencia, al sostener que no fue identificado por los organismos técnicos, como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), como una de las zonas más afectadas por el fenómeno climático del pasado 7 de marzo.
En el mismo texto, la administración libertaria de Milei recordó que parte de la asistencia brindada a los vecinos de Bahía Blanca fue financiada con un préstamo contingente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobado en 2022 y activado para atender desastres naturales como el registrado en marzo.
“La finalidad de auxilio financiero ya ha sido atendida y en un contexto de emergencia presupuestaria como el actual no es razonable duplicar recursos”, se afirma en el texto que lleva la firma del propio Milei. Al mismo tiempo, la Casa Rosada sostuvo que el Congreso “incurrió en un exceso” al no contemplar la disponibilidad de recursos del Tesoro, y que la insistencia en la creación de otro fondo resultaba “innecesaria y redundante”.
Es preciso mencionar que, el proyecto de ley volverá al Congreso, que ahora deberá decidir si insiste con su sanción original y busca los votos necesarios para rechazar el veto, o si lo archiva de forma definitiva. De acuerdo a la Constitución Nacional, se requieren dos tercios de los votos en ambas cámaras para revertir la observación presidencial.
Uno de los aspectos fundamentales del proyecto de emergencia para Bahía Blanca que obtuvo el visto bueno en ambas cámaras del Congreso era la exención de impuestos para aquellos afectados por las inundaciones. Según la propuesta, se suspendía el pago de la primera cuota del Impuesto Inmobiliario 2025 para los contribuyentes titulares de inmuebles en la ciudad cabecera de la Sexta.
En el caso de los inmuebles dañados por el evento climático, el texto establece la exención total de la cuota correspondiente al ejercicio fiscal 2025. De igual manera, los propietarios de vehículos radicados en la ciudad podrían acceder a una exención similar en el Impuesto a los Automotores si sus autos fueron afectados por la inundación.
