El plan nacional busca instalar almacenamiento eléctrico en nodos estratégicos, pero pese a su alta demanda energética, el norte bonaerense no fue considerado prioridad.
El Gobierno nacional avanza con una licitación para instalar baterías de almacenamiento eléctrico en distintos puntos del país con el objetivo de evitar apagones. Sin embargo, la iniciativa vuelve a exponer una fuerte contradicción: zonas con alta demanda energética, como San Nicolás, quedaron fuera de las prioridades críticas definidas por Nación.
El programa —denominado AlmaSADI— apunta a incorporar sistemas de almacenamiento (BESS) que permitan guardar energía en momentos de baja demanda y liberarla en picos de consumo, con una inversión estimada cercana a los 700 millones de dólares.
En los papeles, el objetivo es reforzar el Sistema Argentino de Interconexión y reducir los cortes. Pero en la práctica, el esquema vuelve a mostrar un problema estructural: la planificación energética sigue sin reflejar las necesidades reales del interior productivo.
Alta demanda, baja prioridad
Según el propio esquema técnico, San Nicolás cuenta con cinco nodos considerados de “impacto alto” dentro del sistema eléctrico nacional. Es decir, se trata de una zona clave por su nivel de consumo, impulsado por la actividad industrial y comercial.
Aun así, no fue incluida entre las áreas críticas que recibirán prioridad en la instalación de estas baterías.
La decisión deja al descubierto una lógica que se repite: regiones que sostienen buena parte de la producción quedan relegadas frente a otros puntos del país. En términos concretos, significa que el riesgo de cortes en ciudades como San Nicolás no está en el centro de la agenda energética nacional.
Una respuesta tardía a un problema estructural
El lanzamiento de esta licitación también llega después de años de falta de inversión en el sistema eléctrico, que derivaron en cortes reiterados en distintos puntos del país, especialmente durante los picos de consumo en verano.
El propio Gobierno reconoce que el objetivo es “reducir interrupciones del servicio” en momentos críticos. Pero la pregunta de fondo sigue abierta: ¿por qué se llega a esta instancia recién ahora?
La incorporación de baterías aparece más como una medida paliativa que como una solución estructural a un sistema que arrastra problemas de fondo en generación, transporte y distribución.
Interior postergado
Otro dato que genera ruido es la distribución de la inversión. Mientras el AMBA ya fue beneficiado previamente con proyectos similares, el resto del país deberá repartirse una capacidad equivalente o incluso menor, a pesar de representar una mayor porción de la demanda energética total.
En ese contexto, la exclusión de zonas como San Nicolás refuerza la percepción de un esquema centralizado, donde las decisiones energéticas no siempre contemplan el impacto real en las economías regionales.
