La querella sostuvo que la inmobiliaria familiar canalizó fondos de empresas de Lázaro Báez y del Grupo Indalo entre 2009 y 2016.
La Unidad de Información Financiera (UIF) continuó este viernes la lectura de su requerimiento de elevación a juicio en la causa Los Sauces, en el proceso contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo. La acusación investiga presuntas maniobras de lavado de dinero a través de la inmobiliaria de la familia.
Según la UIF, Álcalis de la Patagonia y M&S, vinculadas a Cristóbal López y Fabián De Sousa, firmaron contratos de alquiler con Los Sauces que la querella consideró injustificados y con sobreprecios de entre el 100% y el 150%. Para la acusación, esos acuerdos simulados daban apariencia legal a fondos canalizados hacia la sociedad.
La UIF señaló a Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita y a Máximo Kirchner, expresidente de Los Sauces, como organizador. Sostuvo que ambos habrían diseñado y dirigido un esquema para reciclar dinero proveniente de la obra pública: entre 2009 y 2016, la firma recibió casi $26 millones de empresarios que, según la querella, eran favorecidos con contratos estatales. La expresidenta también está acusada de aceptar dádivas de López y De Sousa.
