La iniciativa impulsada por el espacio Hechos busca extender a toda la provincia las medidas que ya se aplican en San Nicolás. Contempla multas de hasta 1.000 unidades fijas, inhabilitación para conducir y la compactación de vehículos en los casos más graves.
El Senado de la provincia de Buenos Aires tiene previsto tratar este jueves un proyecto de ley que propone endurecer las sanciones contra quienes circulen con motos y automóviles que tengan caños de escape libres, adulterados o que no cumplan con las normas vigentes.
La iniciativa, impulsada por la senadora bonaerense de Hechos María Emilia Subiza, apunta a combatir la contaminación sonora y brindar nuevas herramientas a los municipios frente a una problemática que genera constantes reclamos vecinales, especialmente durante la noche.
El proyecto obtuvo dictamen unánime el pasado 22 de septiembre en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Sin embargo, para avanzar hacia su votación en el recinto, necesita que los jefes de bloque habiliten su tratamiento durante la reunión parlamentaria prevista para este jueves.
El diputado provincial Manuel Passaglia pidió públicamente el acompañamiento de las distintas bancadas y defendió la necesidad de avanzar con una legislación que permita intervenir frente a los ruidos provocados por los escapes antirreglamentarios.
Multas, inhabilitación y compactación de vehículos
Uno de los puntos centrales de la propuesta es el endurecimiento de las sanciones para los conductores que circulen con escapes no autorizados, adulterados o sin el silenciador reglamentario.
El texto establece multas de entre 300 y 1.000 unidades fijas, además de la posibilidad de inhabilitar a los responsables para conducir por un período de entre tres meses y un año.
También contempla el secuestro preventivo del vehículo y del escape ilegal, junto con la retención de la licencia de conducir.
La medida más contundente aparece en los casos considerados graves: el juez administrativo podrá disponer la compactación del vehículo, incluso cuando no exista una reincidencia previa.
Entre las situaciones contempladas se encuentran la circulación con escapes adulterados en zonas densamente pobladas, en las inmediaciones de escuelas y hospitales o durante eventos públicos.
También habrá sanciones para quienes vendan escapes ilegales
La iniciativa no apunta únicamente a los conductores. También incorpora sanciones para fabricantes, comerciantes y talleres que produzcan, comercialicen, distribuyan o instalen dispositivos de escape que no estén homologados para circular en la vía pública.
Para estos casos se establecen multas de entre 1.500 y 5.000 unidades fijas, el decomiso de los dispositivos y la posibilidad de clausurar los establecimientos involucrados.
Además, se propone crear un registro provincial de comercios y talleres habilitados para trabajar con escapes de competición, con el objetivo de mejorar los controles y evitar que esos componentes terminen instalados en vehículos que circulan por las calles.
El proyecto también contempla garantías para los infractores, como el derecho a presentar un descargo y solicitar la revisión administrativa o judicial de las sanciones.
San Nicolás, el antecedente que busca replicar la Provincia
La experiencia de San Nicolás aparece como uno de los principales fundamentos de la iniciativa. El objetivo de sus impulsores es extender al territorio bonaerense las herramientas que ya se implementaron en la ciudad para combatir los ruidos molestos provocados por motocicletas con escapes modificados.
Subiza destacó el trabajo conjunto entre el Municipio, las fuerzas de Seguridad y la Justicia como parte de la experiencia local.
La senadora también advirtió sobre las consecuencias que estos ruidos tienen en la vida cotidiana, particularmente en niños, adultos mayores y personas con trastorno del espectro autista.
Si el proyecto consigue avanzar en el Senado, los municipios bonaerenses podrán adherir a la normativa y establecer disposiciones complementarias dentro de sus competencias.
La discusión legislativa busca dar una respuesta a un reclamo que se repite en distintos puntos de la provincia: cómo terminar con los ruidos excesivos de las motos y garantizar la convivencia en los barrios.
